𝗥𝗲𝗱 𝗔𝗹𝘁𝗼 𝗡𝗶𝘃𝗲𝗹, 𝟳 𝗱𝗲 𝗼𝗰𝘁𝘂𝗯𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟲.- Luego de que la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados aprobara el proyecto de Ley 070/2025-2026, denominado de Libre Transitabilidad y Protección del Pueblo Boliviano, varios dirigentes de El Alto expresaron su rechazo a la iniciativa, que contempla sanciones de hasta 10 años de prisión para quienes incurran en bloqueos, de acuerdo con la gravedad del hecho.
El representante de los choferes del transporte pesado, Pedro Quispe, señaló que el proyecto vulneraría, en su criterio, el derecho a la protesta y cuestionó a quienes se atribuyen la representación de diferentes sectores sociales.
“Ahora es cuando deben pronunciarse los falsos dirigentes y truchos, las 10 Fejuves de El Alto y los activistas”, afirmó el dirigente.
Por su parte, el delegado del Magisterio ante la COR, Felipe Loza, arremetió contra el diputado Manolo Rojas, presidente de la Comisión de Justicia Plural, por impulsar el proyecto de ley que establece sanciones contra los bloqueos.
“Este señor Manolo, es operador del Gobierno, y tambien le pedimos que presenten un proyecto para construir carceletas,porque el hambre y la necesidad de los trabajadores no espera, si nos va a tener que detener que nos detenga a todos los trabajadores” asevero Loza
Asimismo, el exdirigente regional del MAS, Pascual Arellano, manifestó que, si la propuesta es aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados y posteriormente por la Asamblea Legislativa, varios dirigentes podrían enfrentar procesos judiciales por participar o convocar a movilizaciones.
En tanto, el activista político Roger Suntura también expresó su rechazo al proyecto y planteó que los legisladores impulsen, de manera paralela, una norma que establezca sanciones para los políticos que no cumplan sus propuestas electorales.
El proyecto de Ley 070/2025-2026 fue aprobado en la Comisión de Justicia Plural y ahora debe continuar su tratamiento en el pleno de la Cámara de Diputados antes de una eventual aprobación legislativa.
𝗣𝗼𝗿: 𝗠𝗼𝗶𝘀𝗲𝘀 𝗛𝘂𝗮𝗿𝗰𝗮𝗰𝗵𝗼