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Por: Israel Quino
Cuando se dice: “agradeceré que el Tribunal Constitucional Plurinacional, en ejercicio de las atribuciones constitucionales que le asiste, emita un PRONUNCIAMIENTO JURISDICCIONAL que permita tener certeza jurídica sobre la validez de esos actos legislativos para que se imprima la gestión que corresponda o, en su defecto, disponga se devuelvan esas comunicaciones para rencausar el procedimiento legislativo que corresponda”; es forzarle a un grupo de ciudadanos autoprorrogados que emitan otro más de sus ficticios jurídicos (in)constitucionales para responder funcionalmente a los intereses del poder; no se puede seguir alimentando al Estado Inconstitucional de Derecho, nadie está por encima de la CPE.
El Código Procesal Constitucional establece en su Cap. 3ro sobre las RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL, EFECTOS Y EJECUCIÓN en tiempos de normalidad Constitucional, es decir si tuviéramos autoridades judiciales electas por voto popular y bajo un periodo de funciones legales, en cuyo parágrafo I del Art. 10 define los tipos de Resoluciones:
1 Sentencias Constitucionales: Resuelven las acciones, demandas y recursos, así como en revisión las acciones de defensa.
2 Declaraciones Constitucionales: Son adoptadas en caso de control previo o consultas realizadas al Tribunal Constitucional Plurinacional.
3 Autos Constitucionales: Son decisiones de admisión o rechazo, desistimiento, cumplimiento y otras que se emitan en el desarrollo del proceso.
Por tanto no existe la figura Constitucional de los “pronunciamientos jurisdiccionales”. Es la última pretensión forzada de continuidad ilegal de los “prorrogados” con “ultralegalidades” pero las facturas políticas podrían ser inevitables, siendo q éstas pueden derivar en momentos constituyentes cuya inflexión social/estatal puede derivar en otra crisis política q es probable sea incontenible.