Red Alto Nivel (RAN), 11 de marzo de 2024.- La presencia de exautoridades, algunos en función y otros autoprorrogados desató una ola de críticas entre los legisladores del oficialismo y de oposición. El diputado “evistas” del Movimiento Al Socialismo (MAS), Freddy López, y Gustavo Aliaga de Comunidad Ciudadana (CC) coincidieron, en entrevistas diferentes, que los precandidatos al Órgano Judicial no tienen ética.
Entre los 715 precandidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental, se identificó a exmagistrados, a personas que aún cumplen sus labores como funcionarios como es el caso del vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi y además de fiscales y jueces.
“El MAS está permitiendo este manejo arbitrario y esta manipulación de los jueces (…) por ética ellos deberían renunciar, pero no van a renunciar, supongo que van a esperar que las comisiones les dé el pase, ahí vamos a ver cuánta manipulación se tiene de parte del MAS, porque no hay otro partido, del MAS, en manipular de que esas personas negativas y que le hacen daño a la justicia estén nuevamente postulando”, dijo el diputado Aliaga.
Por su parte, el diputado “evista”, espera que las comisiones de Justicia y Constitución, encargadas de la revisión de los documentos, realicen su trabajo y la ciudadanía los impugnará porque no tienen ética para volver a ser autoridades electas por sus antecedes.
“Hay candidatos que lamentablemente para mí no tienen ni la ética, no pueden ser juez y parte, él (Tahuichi) tendría que renunciar y postularse, y por otro lado (el magistrado) Mario Molina, que en su momento ha tenido muchas denuncias, es la persona que ha pisado la cuestión pública del Estado, ahora tiene la desfachatez presentarse como candidato”, manifestó.
El analista constitucionalista Israel Quino advirtió que, los magistrados que se autoprorrogaron en sus mandatos en el Órgano Judicial, a futuro podrían ser procesados penalmente por el delito de incumplimiento a resoluciones constitucionales porque estarían incumpliendo el fallo que ellos mismo emitieron.
“A efectos de evitar que los cargos queden acéfalos, si por alguna casualidad los prorrogados lograrán habilitarse debieras renunciara sus funciones, (si no es así) entonces están incumpliendo e incumplirían su propio fallo, es decir deberían renunciar al fallo que los prorrogó, entonces estarían incumpliendo el propio alcance de la declaración de la norma 249/2023. El Código Penal sanciona aquella persona que incumpla un fallo constitucional comete el delito de incumplimiento de resoluciones constitucionales”, argumentó.
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