𝗥𝗲𝗱 𝗔𝗹𝘁𝗼 𝗡𝗶𝘃𝗲𝗹, 𝟮𝟵 𝗱𝗲 𝗷𝘂𝗹𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟱. – De acuerdo con la Constitución Política del Estado y la Ley del Régimen Electoral, será proclamado presidente quien obtenga más del 50 % de los votos válidos, o al menos el 40 % con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo. Los votos blancos y nulos no se consideran válidos y no influyen en la legalidad del proceso electoral.
En elecciones presidenciales anteriores, este tipo de votos nunca superó el 10 %. En 2005 sumaron un 7,3 %; en 2009, un 5,7 %; y en 2020, solo un 5 %. A diferencia de las elecciones judiciales de 2011 y 2017, donde se registraron más del 50 % de blancos y nulos, sin invalidar los resultados.
El efecto real de estos votos es que reducen el universo sobre el cual se calcula el porcentaje de votos válidos. Esto puede inflar los porcentajes de los candidatos mejor posicionados y, en ciertos casos, permitir que un binomio gane en primera vuelta.
Según encuestas recientes, hasta un 30 % del electorado está entre indecisos, nulos y blancos. Este comportamiento, conocido como “voto oculto”, fue decisivo en 2020, cuando Luis Arce ganó en primera vuelta con más del 55 %, pese a que los sondeos anticipaban balotaje.
Para el abogado constitucionalista, Israel Quino, el voto blanco o nulo se ha convertido en un fenómeno estratégico. Si bien es una expresión legítima de descontento, puede terminar favoreciendo a los sectores conservadores con voto duro. “El voto popular fue históricamente la herramienta para transformar estructuras de poder. Renunciar a esa herramienta, o degradarla, es funcional a quienes temen la decisión del pueblo”, concluye.
Israel Quino, abogado constitucionalista